Atrapados entre el Consulado de Venezuela y las oficinas de inmigración de Curaçao

Todos comprendemos que el más importante de los documentos que los extranjeros deben presentar en cualquier lugar, bien sea para tramitar un nuevo permiso, o para renovar uno existente, es el pasaporte. Lamentablemente este documento, sencillo de obtener para los ciudadanos de cualquier otro país, se ha convertido en los últimos años una pesadilla para los venezolanos que vivimos en el exterior.

No es mi intención extenderme aquí sobre los motivos que hacen casi imposible obtener, o renovar, un pasaporte fuera de Venezuela. Las causas las conocemos todos. Pasan por la falta de respeto a los derechos humanos, la inoperancia, la represalia política y la simple corrupción.

Sobre lo que realmente quisiera hablar en este espacio, es sobre el manejo de esta realidad por parte de los países que reciben a nuestros migrantes, especialmente en Curaçao, isla en la que resido desde hace ya casi dos décadas.

Hay que comprender que el Consulado de Venezuela en Curaçao, en términos prácticos, no existe. De eso pueden dar constancia decenas de venezolanos que semanalmente acuden a las oficinas cerradas en Scharlooweg, o que intentan llamar a los números de teléfono publicados en el sitio oficial de esa sede diplomática, o que tratan de que se les responda un simple email. Nadie habla de esta realidad publicamente por miedo a que sus pasaportes, que hoy no pueden renovar, terminen por ser bloqueados definitivamente.

Sin embargo, para que esos mismos venezolanos puedan obtener o renovar un permiso local necesitan presentar, en las oficinas de inmigración de la isla, bien sea un pasaporte vigente o, en su defecto, una carta firmada por la Cónsul del régimen de Nicolás Maduro en la isla, en la que se haga constar que la persona inició formalmente el trámite de renovación de su documento.

Es decir, una carta en la que el régimen venezolano admita que la culpa de que el portador no tenga pasaporte vigente no es suya, sino del mismo régimen.

Para que nos hagamos una idea de la situación, imaginemos que usted es venezolano, que vive en Curaçao, y que necesita renovar su pasaporte. Lo primero que debe hacer es intentar pagar cien dólares online al organismo emisor. Para hacerlo, usted deberá intentar conectarse al sitio web del SAIME a distintas horas durante varios días, pues la página, misteriosamente "se cae" cuando el usuario se conecta desde fuera de Venezuela. No son muchos los que logran superar este primer obstáculo.

Ahora, si necesita renovar su permiso de estadía en la isla, debe ir a diario a la sede del consulado en Scharlooweg a ver si por casualidad hay alguien trabajando. Al no tener éxito, usted debe buscar en las redes sociales métodos alternativos de contacto. Llamar a teléfonos desconectados y escribir emails.

Si usted es extremadamente afortunado, logró iniciar su renovación online, y logra contactar al consulado, probablemente le pedirán que pague 50 dólares adicionales por la carta que pide inmigración, a pesar de que el sitio web de ellos mismos dice, explícitamente, que ese trámite es gratuito.

Si usted tiene menos suerte, como la mayoría de las personas que conozco, y no logra ser atendido, sus opciones se reducen a viajar a Venezuela a través de Colombia, o Panamá, o República Dominicana, sacar el pasaporte allá, y rezarle a los santos para que logre regresar con bien a la isla.

¿No se puede hacer nada desde Curaçao para evitar todo esto?

¿Por qué el gobierno de Curaçao no nos da una mano omitiendo el requisito de una carta emitida por un gobierno que, no solo es culpable de generar el colapso en la identificación de las personas, sino que al menos en el papel, no es reconocido, ni por el gobierno local, ni por el holandés?

Países como Canadá, los EE. UU. y varias de las naciones sudamericanas pertenecientes al llamado Grupo de Lima, han optado por considerar como vigentes a los pasaportes nuestros que tengan hasta cinco años de vencidos.

¿No le conviene a Curaçao hacer lo posible para procurar que los venezolanos que hoy pagan sus impuestos continúen haciéndolo?

¿Por qué no dejar de lado esa carta consular que, en el mejor de los casos, solo está sirviendo para financiar a unas autoridades que no hacen su trabajo?

Puede entenderse que al otorgar nuevos permisos se realice una verificación minuciosa de la persona beneficiada, sin embargo, al exigir a los migrantes ya establecidos legalmente un documento burocrático, emitido por los mismos que no cumplen con renovar los pasaportes, se castiga no solamente a los trabajadores inocentes, sino también a las finanzas de Curaçao, que podrían dejar de recibir importantes impuestos en una época de mucha necesidad.